miércoles, 5 de agosto de 2009

ALGO HUELE MAL


El descontrol en el que se mueven las empresas de servicios públicos privatizadas sigue golpeando el bolsillo de los usuarios y consumidores. En la nota de tapa el lector pudo comprobar la posición abusiva de EDENOR con vecinos del barrio San Alberto. No menos abusiva es la actitud que tomó la empresa de capitales españoles Gas Natural BAN quien aplicó aumentos de hasta el 245% en las tarifas domiciliarias en el segundo y en el tercer bimestres de este 2009.
Ante la catarata de quejas que llegaron a entidades de usuarios y organismos de defensa del consumidor, la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co) y la Defensoría del Pueblo de La Matanza realizaron una presentación en conjunto solicitando al juez Alfredo Bustos del Juzgado Federal 1 de San Martín que dé aprobación a un Recurso de Amparo para que estos aumentos, que bordean el pillaje empresarial, sean suspendidos.
De los 440 usuarios de la empresa privatizada que se presentaron en la Defensoría para iniciar el correspondiente reclamo, 109 casos son de Isidro Casanova, siendo la localidad con más vecinos damnificados por facturas que en julio llegaron con valores de hasta 595 pesos. Todos los vecinos que asentaron su queja en este organismo público son dueños de casas familiares que en 2008 habían tenido un consumo promedio de 130 pesos bimestrales.
Santa Da Luz, es una vecina que vive al 3195 de la calle Alvear en el barrio casanovense de San Carlos y no se explica cómo, «teniendo una cocina y un termotanque, y siendo cuatro personas, podemos gastar $536 en marzo, $473 en mayo y $394 en julio», dice, mientras le muestra las boletas al periodista. Osvaldo Dreyfus vive en el barrio Santa Inés de Isidro Casanova (Albarracín 5085) y está muy molesto: No tengo cloaca, vivo en una calle de tierra y encima me cobran impuestos como barrio residencial. Ahora me llega esta boleta por 303 pesos de gas, en el mismo bimestre de 2008 gastamos 50 metros cúbicos más y pagamos 127 pesos".
Una vez más la desinversión de los capitales privados hace que la culpa la paguen los usuarios, que en este caso parecen más «contribuyentes» para la riqueza de la empresa de gas que consumidores de un servicio de primera necesidad.
La defensora del Pueblo de La Matanza, Silvia Caprino, se pronunció a favor de los vecinos, impulsó la medida cautelar y aseguró que «así como se hizo con el tarifazo de electricidad, ahora vamos a llevar adelante todas las medidas necesarias para que esta decisión sea revisada», y agregó que «hace dos meses pedimos una audiencia al ENERGAS (ente que regula a la empresa en cuestión) y no nos han atendido».
Por su parte el titular de DeUCo, Pedro Bussetti, hizo un análisis global sobre el contexto en que se aplican estos aumentos desmedidos del cual son víctimas 3.169.233 usuarios. Fundamentalmente mencionó la falta de inversión y de exploración de nuevos pozos gasíferos, «lo que obliga al Estado a importar gas», criticó.
En el ámbito del Concejo Deliberante también se buscará que el tema sea tratado puesto que el concejal Edgardo Lobos (Coalición Cívica) presentará una Minuta de Comunicación en el que adhiere a la acción de Amparo Colectivo impulsado por la Defensoría del Pueblo y DEUCO.

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